JOSÉ SIERRA VALENCIA - Diario Levante
El Gobierno cuestiona la legalidad de la prestación de servicios wi-fi que proyecta la Diputación de Valencia y ha encargado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que elabore una normativa para regular la explotación de redes públicas inalámbricas como la propuesta por el organismo presidido por Alfonso Rus.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones- en lo sucesivo CMT- ha abierto un periodo de consulta pública para decidir si acepta la explotación de redes basadas en frecuencias de uso común (wifi) por parte de administraciones públicas.
El nuevo marco regulador, del que ya existe un documento base, considera que los "operadores"- la Dipu lo sería si decide prestar el servicio- "deben respetar las mismas normas que el resto de agentes que intervienen en este mercado cuando llevan a cabo sus actividades de telecomunicaciones".La CMT pretende, con la normativa que está elaborando, " clarificar los escenarios en los que se desenvuelven las actuaciones públicas de forma que no sólo no desincentiven la demanda, sino que constituyan una puerta de entrada a nuevos usuarios y faciliten, de ese modo, la intervención de los operadores privados aumentando así el volumen de sus actividades.
El Gobierno, a través de la CMT, quiere atajar o, mejor, "reconducir", la gran demanda de redes wi fi públicas mediante una nueva normativa que "no entorpezca el desarrollo del mercado".
La Comisión ha investigado el marco normativo existente en España, así como los dictámenes que ya ha emitido Europa al respecto.
Como norma general y en previsión de que las diputaciones, ayuntamientos y otros organismos proyecten ofrecer el servicio gratuitamente, la CMT recuerda que la prestación de servicios por las Administraciones Públicas "en régimen de libre competencia" se rige por la premisa de que su financiación "deberá realizarse por medio de los rendimientos de la explotación de la actividad, no pudiendo neutralizarse con transferencia de fondos públicos". De hecho, tanto la CMT como la propia comisión europea ya se han pronunciado en varias ocasiones sobre algunas propuestas realizadas por ayuntamientos en las que existe un nexo común: el servicio no se puede prestar gratuitamente porque, de hacerlo, puede constituir una práctica ileal o exclusionista.
Así, la CMT ha aceptado la creación de una red wifi en Oviedo que pese a que se presta gratuitamente, cuenta con un patrocinador que corre con los gastos, y ha aceptado otras con limitación de horario, "peso" y cuantía de las descargas, velocidad y contenidos.
Respecto al papel de la Dipu, el riesgo es que la CMT asocie las ayudas de la Dipu a las repudiadas ayudas de Estado, lo que dejaría a la norma valencia fuera del juego europeo y como un objetivo a perseguir por la normativa española y europea.
La Diputación de Castelló dice que no es competente
V. R. VALENCIA
La Diputación de Castelló no parece dispuesta a seguir el camino de Alfonso Rus en su proyecto de dotar a la provincia de redes wi-fi. El PSPV, a través de su portavoz, Francesc Colomer, ha pedido a Carlos Fabra una iniciativa similar a la de su homólogo valenciano. La respuesta ha llegado de la mano de un informe jurídico del secretario en el que sostiene que las administraciones locales no pueden sacar a licitación concursos que vulneren la libre competencia ni puede imponer tarifas ni condiciones "que desvirtúen el mercado". "Si se opta por construir las redes y ofrecerlas a los operadores, hay que inscribirse también como operador y atenerse a las condiciones que señale" la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. "No se puede ofrecer el monopolio de las redes a ningún operador, debiendo facilitarse las redes a los que lo pidan". Además, el informe jurídico de la Diputación de Castelló sostiene que no se puede subvencionar a los operadores, salvo autorización especial de la CE. Para solventar todos estos problemas jurídicos, la Diputación de Valencia licitó el pasado 18 de junio un concurso para la contratación del diseño, despliegue y explotación de la red provincial de comunicaciones" de la corporación provincial. La institución ha recurrido un modelo de contratación denominado "diálogo competitivo", en el que se invita a las empresas a participar en una suerte de tormenta de ideas para crear un pliego de condiciones que se ajuste a la legalidad. En su licitación, la Diputación de Valencia fija un presupuesto de 14 millones de euros y apenas da un mes (20 de julio) para la presentación de ofertas y solicitudes de participación en este "diálogo competitivo".La entidad que preside Alfonso Rus pretende constituir una empresa mixta con una socio tecnológico, constituirla en operador de servicios de telecomunicaciones,hacer una inversión en infraestructura y ofrecer sus servicios de conexión inalámbrica a precios populares. Es un modelo similar al desarrollado por el Ayuntamiento de Burjassot, en manos del PSPV.
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