Una sentencia da la razón a Mislata al paralizar una estación de telefonía móvil

JUAN MIQUEL - MISLATA - Diario Las Provincias

Varios años ha durado el contencioso legal entablado entre el Ayuntamiento de Mislata y una multinacional del sector de la telecomunicación en torno a la instalación de una antena de telefonía móvil en un edificio de la plaza País Valenciano. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia ha decretado la paralización de la citada estación base y pedir la correspondiente licencia en un plazo de dos meses.
Comenzó el proceso cuando en septiembre de 2002 se solicitó una licencia de obras para instalar una estación base de telefonía celular en la terraza del citado edificio.
Posteriormente, el departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento dictó una resolución desestimando la misma, en base a que el año anterior se había acordado la suspensión de este tipo de licencias al objeto de estudiar la redacción de una ordenanza específica en el Plan General de Ordenación Urbana.
La anterior resolución fue recurrida y más tarde desestimada, interponiéndose luego recurso contencioso-administrativo, dictándose sentencia de nuevo a favor del Ayuntamiento en enero de 2004. Había entrado ya en vigor el 23 julio de 2003 la ordenanza donde se plasmaban los diferentes requisitos de colocación.
Pero el tema siguió en los tribunales porque el Ayuntamiento de Mislata, ante la voluntad de esta empresa de volver a actualizar la citada petición, contestó diciendo que había entrado en vigor una nueva ordenanza con nuevas condiciones.
Deficiencias
Para reforzar esta medida la alcaldía de Mislata dictó una resolución en mayo de 2007 y de nuevo se ordenó la paralización inmediata de esta estación de telefonía móvil, notificándose una serie de deficiencias en la solicitud presentada. Ante este hecho se remitió por la empresa del sector un recurso contencioso-administrativo, ganado ahora por el Ayuntamiento, contra el decreto antes mencionado, al considerar que la solicitud debía entenderse concedida por silencio administrativo al ajustarse el proyecto a la legalidad vigente.
Las nuevas condiciones aprobadas por el pleno incluyen condicionantes técnicos. La principal aportación es la definición de zonas sensibles especialmente protegidas, entre las que se incluyen «guarderías, centros de educación infantil, primaria, centros de enseñanza obligatoria, centros de salud, hospitales y residencias o centros geriátricos».
Además, el artículo 11 de la normativa también define como zonas sensibles el interior de viviendas y recintos privados.